10 de junio de 2024
Los grupos por la libertad de prensa coinciden en que la investigación a Gustavo Gorriti, un reconocido periodista peruano, responde a motivos políticos y es parte de una creciente campaña contra los medios de comunicación.
El periodista Gustavo Gorriti ha expuesto la corrupción en Perú por más de 40 años. Ahora un fiscal supremo lo acusa de haber realizado coberturas periodísticas positivas a cambio de filtraciones de investigaciones fiscales.
Uno de los más célebres periodistas latinoamericanos, cuyo trabajo ha derrocado presidentes y desencadenado investigaciones penales, estaba recuperándose de un agresivo periodo de quimioterapias cuando recibió otras malas noticias: un fiscal peruano lo estaba investigando por cohecho o soborno.
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El periodista, Gustavo Gorriti, de 76 años, director y fundador de una organización de periodismo de investigación en Perú, no es ajeno a los problemas.
En los noventa, fue secuestrado por miembros de un escuadrón secreto de la muerte sobre el cual los investigadores peruanos determinaron que estaba dirigido por el expresidente Alberto Fujimori. Gorriti había pasado años reportando sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Fujimori.
Más recientemente, ayudó a destapar un enorme escándalo de sobornos conocido como el caso Lava Jato, que ha llevado a la detención y dimisión de funcionarios de toda Latinoamérica.
Ahora, el propio Gorriti está enfrentando un posible encarcelamiento.
Un fiscal supremo de Perú lo ha acusado de soborno, alegando que Gorriti negoció filtraciones de investigaciones fiscales a cambio de coberturas periodísticas positivas. Gorriti ha negado los cargos.
Periodistas y defensores de la libertad de expresión dicen que la acusación está motivada políticamente, para castigar a Gorriti por sus anteriores investigaciones periodísticas.
Según grupos por la libertad de prensa, el caso en su contra se encuentra entre una serie de ataques a medios de comunicación independientes en Perú, y es parte de una amplia ola de esfuerzos para censurar a periodistas en un cada vez más grande número de países de América Central y del Sur.
“Más y más políticos están estigmatizando a periodistas y a los medios en sus discursos”, según Reporteros Sin Fronteras. “Los actores políticos utilizan las campañas de desinformación, acusaciones abusivas y propaganda estatal que abiertamente fomenta la desconfianza en la prensa y alienta la polarización”.
En Perú, la persecución a los periodistas refleja un amplio retroceso democrático, según los analistas.
Una coalición conservadora en el Congreso ha buscado consolidarse en el poder pasando por alto procedimientos legislativos para copar los tribunales del país, los organismos electorales y la Fiscalía de la Nación con sus aliados.
Los legisladores conservadores también han aprobado leyes que hacen más difícil investigar, procesar y castigar casos de corrupción y han modificado la constitución para incrementar el poder del Congreso.
Y, cada vez más, están usando su poder para perseguir a periodistas.
Paola Ugaz, una periodista que ha revelado años de abuso sexual a menores y corrupción en una influyente organización religiosa peruana, ha enfrentado varias investigaciones penales, que incluyen acusaciones de lavado de dinero.
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