El 19 de junio de 1986, se produjo el más siniestro operativo de exterminio en los penales de El Frontón, Lurigacho y Santa Bárbara. 254 internos fueron ejecutados extrajudicialmente.
Los amotinados denunciaron un intento de genocidio bajo pretexto de traslado a una prisión de alta seguridad y régimen estricto en Canto Grande.
Los hechos ocurrieron mientras se realizaba una Conferencia Mundial de la Internacional Socialista a la que asistían más de un centenar de dirigentes políticos del mundo, entre ellos, 22 presidentes y representantes de 70 partidos políticos y cerca de 500 periodistas extranjeros. Simultáneamente, se realizaron motines en los penales de Lurigancho y Santa Bárbara.
En el Frontón, la Marina de Guerra a cargo del Almirante(r) Luis Giampietri Rojas, tuvo a su cargo el develamiento del motín. Los prisioneros habían tomado de rehenes a tres miembros de la Guardia Republicana.
El Ministro del Interior, Agustín Mantilla, llegó a la Isla por orden del presidente Alan García.
Mantilla es quien suspende el diálogo con los internos.
En la matanza, la Marina utilizó además del armamento tradicional dinamita, bazucas, granadas y explosivos de alto poder como el C3. Con ello lograron demoler el Pabellón Azul. Tras la rendición, los internos fueron seleccionados y luego ejecutados a balazos.
Los „testimoniantes‟, en entrevista al Diario La República (25/06/03), sostuvieron que Agustín Mantilla se encontraba en el lugar durante la operación y que la Marina les asignó un radio operador mediante el cual se comunicaba durante todo el tiempo con un superior que los declarantes no pudieron identificar. "No sabemos a quién Mantilla le daba parte de los hechos.
Tenía un radio operador asignado. Todo el tiempo estaba con un radiotransmisor en la mano, dando cuenta de lo que sucedía", dijo uno de ellos. Todo indicaría que la eliminación de los terroristas rendidos fue también de conocimiento de Mantilla.
Los cadáveres de los prisioneros de Lurigancho fueron regados en cementerios desde Cañete hasta Barranca. En el caso de El Frontón, los pocos cuerpos o pedazos de ellos que aparecieron fueron dejados en los cementerios de San Bartolo y Pachacámac. De los desaparecidos, nunca más se supo.
El año 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia responsabilizando al Estado Peruano de la matanza en el Frontón.
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