fueron una herramienta clave en la lucha del gobierno peruano contra el terrorismo durante la década de 1990, específicamente en el contexto del conflicto con Sendero Luminoso y el MRTA. Estos tribunales anónimos surgieron con el objetivo de proteger a los jueces y fiscales de posibles represalias por parte de los grupos terroristas, quienes representaban una amenaza significativa para la seguridad pública y la estabilidad del país. Bajo el liderazgo de Alberto Fujimori, se crearon tribunales en los que los jueces permanecían en el anonimato, sin que los acusados o el público pudieran conocer su identidad.
En 1990 sentenciaron a Osmán Morote, ese día el senderista amenazó al Juez, a las 48 horas ese juez fue hallado muerto.
Implementación en Perú
El sistema fue ampliamente criticado tanto a nivel nacional como internacional. Aunque el gobierno justificó su uso como una medida de protección en un período de violencia extrema, se argumentó que los Jueces Sin Rostro comprometían el derecho a un juicio justo. Uno de los problemas más graves fue la falta de transparencia en los procesos, ya que los acusados no sabían quién los estaba juzgando ni tenían la posibilidad de cuestionar las pruebas o las decisiones de los magistrados. Según Human Rights Watch, muchas de las confesiones fueron obtenidas bajo tortura, y varios presos inocentes fueron encarcelados injustamente.
El gobierno de Fujimori fue responsable de miles de arrestos y sentencias bajo este sistema. Un informe del Instituto Nacional Penitenciario de Perú de 1994 reveló que aproximadamente una cuarta parte de la población carcelaria estaba compuesta por personas acusadas de terrorismo o traición. De estas, una cantidad significativa era considerada inocente o había sido arrestada sin pruebas concluyentes.
Críticas y Abusos
El principal argumento en contra de los tribunales fue que, al estar los jueces protegidos por el anonimato, los procesos carecían de las garantías procesales mínimas. Se documentaron casos de violaciones al debido proceso, como la imposibilidad de defenderse adecuadamente, la negación del derecho a interrogar a los acusadores y la falta de independencia judicial, ya que los jueces operaban bajo fuertes presiones políticas.
Informes internacionales, como los de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, denunciaron la generalización de la tortura como método de interrogatorio y la detención arbitraria de muchos inocentes.
Fin del Sistema
El sistema de "Jueces Sin Rostro" fue eliminado gradualmente después de la caída del régimen de Fujimori, en 2000. La presión internacional y la condena de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevaron a que Perú tuviera que revisar los juicios y condenas emitidos por estos tribunales. Aun así, el legado de los jueces sin rostro sigue siendo un tema de debate en Perú, especialmente cuando se discuten las políticas de seguridad y justicia frente al crimen organizado.
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