El gobierno de Fujimori implementó una estrategia de mano dura para combatir al terrorismo, lo que involucró amplias operaciones militares en zonas selváticas como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Estas regiones eran consideradas bastiones de los grupos subversivos debido a su difícil acceso y la presencia de comunidades aisladas.
Casos Emblemáticos
Aunque muchas de las masacres en la selva no fueron tan mediáticas como las de Barrios Altos y La Cantuta, tuvieron un impacto significativo en las comunidades locales:
Masacre de Santa Bárbara (1991):
En la región de Huancavelica, 15 campesinos fueron asesinados por efectivos militares que los acusaron de colaborar con Sendero Luminoso.
Masacre de Totos (1992):
En Ayacucho, 15 personas, incluyendo niños, fueron ejecutadas por fuerzas militares en represalia por actividades subversivas en la zona.
Operaciones en el Alto Huallaga:
Región conocida por la presencia de cultivos de hoja de coca y actividad subversiva, donde se denunciaron múltiples abusos contra la población civil.
Violaciones de Derechos Humanos
En el transcurso de estas operaciones, se registraron numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y policiales:
Desapariciones Forzadas: Campesinos e indígenas fueron detenidos sin orden judicial y desaparecidos bajo sospecha de colaborar con insurgentes.
Ejecuciones Extrajudiciales: Se reportaron casos donde civiles fueron asesinados sin juicio previo.
Torturas y Tratos Inhumanos: Detenidos sufrieron torturas durante interrogatorios para obtener información sobre actividades subversivas.
Desplazamientos Forzados: Comunidades enteras fueron obligadas a abandonar sus tierras debido a la militarización y el temor a represalias.
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