21 Oct 2024
Hechos que comprometen a 'Chakano' en Interoceánica de Odebrecht, se extienden a su exaliado, procesado por hacer lobby ante Contraloría.
Luego de años de investigación, el Equipo Lava Jato llegó a la conclusión de que Alejandro Toledo merece 20 años y 6 meses de cárcel por haber recibido 35 millones de dólares de los brasileños, para darles la obra que costó más de mil millones. Fueron claves los testimonios de los confesos delincuentes Jorge Barata (hoy en Brasil) y Josef Maiman (fallecido).
La construcción de la carretera Interoceánica Sur, un ambicioso proyecto que prometía conectar el océano Atlántico con el Pacífico, se convirtió en el epicentro de un escándalo de corrupción que sacudió los cimientos del poder político en Perú. En el centro de esta trama se encontraban Toledo y la poderosa constructora brasileña Odebrecht.
Las investigaciones revelaron un pacto secreto que permitió acelerar de manera irregular la obra. Para lograr sus objetivos, ambos actores conspiraron para saltarse procedimientos establecidos y evadir los controles institucionales.
Uno de los mecanismos clave en esta trama fue la exoneración del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Diseñado para evaluar la viabilidad y transparencia de los proyectos de inversión, fue deliberadamente obviado. Al eliminar este filtro, se abrió la puerta a una serie de irregularidades y se permitió que el proyecto avanzara a un ritmo acelerado, sin los controles necesarios.
Las presiones políticas también jugaron un papel fundamental. Toledo y sus colaboradores ejercieron una influencia indebida sobre funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para agilizar los trámites y aprobar los estudios de factibilidad en tiempo récord. De esta manera, se allanó el camino para la adjudicación del proyecto a Odebrecht.
Contraloría advirtió
A pesar de las advertencias de la Contraloría General de la República, que alertó sobre las irregularidades del proceso y los riesgos de adjudicar el proyecto a una empresa con antecedentes cuestionables, el gobierno de Toledo hizo caso omiso a estas recomendaciones y firmó el contrato con Odebrecht.
Al acelerar el proceso y evitar los controles establecidos, Odebrecht obtuvo una serie de ventajas: Mayor rentabilidad: La empresa pudo iniciar las obras antes de lo previsto y obtener mayores ganancias. Menor riesgo: Al evitar un análisis exhaustivo del proyecto, se redujeron los riesgos asociados a posibles sobrecostos o retrasos. Consolidación en el mercado peruano: La adjudicación de este megaproyecto consolidó la posición de Odebrecht en el mercado peruano y le permitió acceder a futuros contratos.
Se inician investigaciones
En el 2008, cuando el periodista Víctor Rado reportó las primeras inconsistencias en la carretera, el Congreso de la República inició diferentes investigaciones. Todas se frustraron por campañas mediáticas de sectores que terminaron vinculados a la corrupción. Uno fue el diario El Comercio, donde el principal cómplice de los mencionados Toledo y Odebrecht, José Graña Miroquesada, tenía acciones.
A la comisión que presidió el legislador Freddy Serna se le “congeló” su informe final. Esto lo hicieron mesas directivas manejadas por el Partido Aprista, cuyo gobierno permitió que se consume la también llamada IIRSA Sur.
Hubo otro grupo investigador presidido por Margarita Sucari, representante de Puno que fue víctima de videos editados. Antes de que la Fiscalía determinara que no había cometido delito, la congresista ya había sido suspendida 120 días, y denunciada constitucionalmente. Se comprobó que ella había actuado honestamente, pero en su momento se dejó en el aire lo recopilado sobre lo que hacían Toledo, Odebrecht, Pedro Pablo Kuzcynski y Fernando Olivera.
Consecuencias
Las consecuencias de este escándalo fueron devastadoras para el Perú. El aceleramiento del proyecto y la falta de controles permitieron mayores desembolsos de dinero público, perjudicando las arcas del Estado. También se produjo un debilitamiento institucional. La connivencia entre políticos y empresarios socavó la confianza en las instituciones públicas y debilitó el Estado de derecho. Se dañó la reputación del país, manchando la imagen del Perú a nivel internacional y desalentó la inversión extranjera.
El caso Toledo-Odebrecht es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Este escándalo ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y prevenir la corrupción en todos los niveles del gobierno.
Las revelaciones sobre este pacto secreto han generado un profundo malestar en la sociedad peruana y un llamado a la justicia. Es fundamental que se esclarezcan todos los hechos y que los responsables sean llevados ante la justicia. Solo así se podrá comenzar a reparar el daño causado y a recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
“Popi” el gestor
El caso de Fernando Olivera, exembajador del Perú en España, cobró relevancia en el marco de las investigaciones sobre la megacorrupción en nuestro país. La defensa del exfuncionario solicitó al juzgado que declare improcedente la acción en su contra, argumentando que su situación jurídica es similar a la de otro acusado, Juan Doroteo Monroe Gálvez, quien fue absuelto por la Corte Suprema.
Sin embargo, el Ministerio Público presentó una sólida oposición a esta solicitud, señalando que las circunstancias de ambos casos son diametralmente opuestas. Monroe era un abogado que emitió informes jurídicos, Olivera, en su calidad de embajador, habría aprovechado su posición para influenciar en decisiones cruciales relacionadas con el proyecto Interoceánica Sur.
La Fiscalía sostiene que Olivera, en coordinación con Alejandro Toledo Manrique, habría gestionado ante la Contraloría General de la República para levantar las observaciones sobre el sobrecosto del proyecto. Esta acción, según el Ministerio Público, fue fundamental para que Odebrecht se adjudique la obra. El debate se centra en la figura del funcionario público y el aprovechamiento del cargo.
Por César Rojas
Social Plugin