13/08/13
Hace 20 años el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori se vio remecido por el hallazgo de los restos de diez personas, nueve alumnos y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, “La Cantuta”.
Fueron asesinados por el Grupo Colina por estar supuestamente conectados con los terroristas; cosa que, años después, se comprobó no era cierto.
Los 10 habían desaparecidos de los pasillos de dicha casa de estudios un año antes, el 18 de julio del 1992.
Ese día integrantes del grupo paramilitar Colina ingresaron a la fuerza a las residencias de la Cantuta y luego de obligar a todos los estudiantes a salir de sus habitaciones secuestraron a nueve de ellos. Bertilia Lozano Torres, Dora Oyague, Luis Ortíz, Armando Amaro Cóndor, Robert Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores, Marcelino Rosales y Juan Mariños fueron conducidos a un descampado.
Junto a ellos estaba el profesor Hugo Muñoz Sánchez. Todos ellos eran acusados de estar conectados con el coche bomba que días atrás había dejado 25 muertos y 200 heridos en Tarata.
Luego que sus familiares denunciaran la desaparición, pasó cerca de un año sin que se supiera nada de ellos. Hasta que el 8 de julio de 1993 en un descampado en Cieneguilla se encontraron los restos de los estudiantes y el profesor. Fue Julio Arizapana Vicente, un reciclador, quien dio a conocer el lugar donde se encontraban los cadáveres y luego de publicarse en medios obligó a la fiscalía a ir al lugar donde se hallaron las cuatro fosas que contenían los restos.
Luego de la pruebas de ADN se comprobó los restos pertenecían a los estudiantes y al profesor desaparecido.
Sin embargo la confirmación llegó cuando el manojo de llaves encontrado en una de las fosas abrió la puerta de la casa de Armando Amaro Condor, ante el dolor de su madre, Raida Condor. Los autores de esto hecho fueron sentenciados a prisión en 1994; sin embargo luego fueron amnistiados al año siguiente debido a que, según la ley dada por Fujimori, habían sido asesinados “dentro de la lucha antiterrorista”. Albero Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por este hecho, junto con el de Barrios Altos y otros más.
Las ejecuciones extrajudiciales Nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” en Lima, fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado y que la investigación de los hechos fue obstaculizada de manera deliberada durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori a través de mecanismos legislativos y judiciales que buscaban encubrir a los responsables y evitar que sean procesados y reciban una sanción. Desde sus inicios la violencia política involucró a las universidades estatales, donde primero Sendero Luminoso y luego el MRTA se concentraron en captar cuadros entre estudiantes y docentes. Como sucedió en otros universidades estatales, la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, más conocida como “La Cantuta”, registró la presencia de estudiantes vinculados a Sendero Luminoso, lo que incentivó a la formación de un prejuicio contra miles de universitarios que por pertenecer a una universidad nacional eran usualmente detenidos como sospechosos de subversión y las universidades a las que pertenecían intervenidas académica y administrativamente por los gobiernos de turno. Durante 1991 las Fuerzas Armadas ingresaron a las universidades nacionales estableciendo bases de control militar, primero de facto y luego amparados en una modificación a la Ley Universitaria efectuada por el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.
En ese contexto de intervención y control militar se produjeron graves violaciones a los derechos humanos en perjuicio de centenares de universitarios, principalmente en la Universidad Nacional del Centro de Huancayo. La intervención en “La Cantuta” A inicios de 1991 se difundió por la televisión local un video que mostraba un acto político-cultural en la universidad “La Cantuta” que invitó a especular acerca del grado de control que tenía Sendero Luminoso en la universidad.
El 21 de mayo de 1991 el expresidente Alberto Fujimori visitó la universidad provocando una reacción violenta de los estudiantes que lo obligó a retirarse humillado del campus. Al día siguiente tropas militares tomaron el control de la Universidad. Mayor de San Marcos y de la Universidad “La Cantuta”, donde fueron detenidos 56 estudiantes. Entre los intervenidos estaban tres de los nueve estudiantes que posteriormente serían ejecutados extrajudicialmente.
Ese día -22 de mayo de 1991- el Ejército estableció en “La Cantuta” un destacamento militar dependiente de la División de las Fuerzas Especiales (DIFE) que se denominó Base de Acción Cívica e impuso en la universidad un toque de queda y un control militar de entrada y salida de los estudiantes. Asimismo, y según documentos oficiales, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) destacó agentes operativos en diferentes universidades nacionales y academias –entre ellas, la Universidad La Cantuta- quienes informaban sobre las actividades de estudiantes y docentes, así como sus orientaciones políticas e ideológicas.
El Destacamento Colina Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, desde los altos mandos del poder militar se implementó una estrategia de lucha clandestina contra la subversión. De acuerdo a esta misma fuente, en el año 1991 se dispuso de agentes de inteligencia operativa (AIO) pertenecientes al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) para formar un comando dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército Peruano (DINTE), que después se conoció como el “Destacamento Colina.
De acuerdo a lo sostenido por el Ministerio Público, las operaciones militares violatorias de los derechos humanos ocurridas en 1991 fueron encargadas a los oficiales Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, entonces con rango de comandante del EP, a Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue Guevara, ambos capitanes EP, y al subalterno Marco Flores Albán, quienes coordinaban con el Comandante EP Roberto Páucar Carvajal y con el Capitán EP Ronald Robles Córdova, que pertenecían al SIN, y con el Teniente Primero Antonio Ríos Rodríguez de la Marina de Guerra del Perú. En el año 1991 estos oficiales y otros de extrema confianza como el General EP (r) Luis Cubas Portal, cuñado del ex asesor de inteligencia presidencial Vladimiro Montesinos Torres, fueron felicitados y luego, por expresa recomendación del ex presidente Alberto Fujimori, fueron ascendidos de grado.
Los miembros de este destacamento fueron después procesados en el Poder Judicial por la comisión de varios crímenes de lesa humanidad, entre ellos el secuestro y asesinato de los estudiantes y un profesor de “La Cantuta”, ocurrido en julio de 1992. En el segundo semestre de 1991, el ex Presidente Alberto Fujimori solicitó facultades legislativas al Congreso y mediante un conjunto de medidas legislativas aprobadas en noviembre de 1991, reforzó al Sistema de Inteligencia Nacional y propuso una nueva política de lucha contra la subversión.
En ese marco, el 12 de noviembre de ese año se otorgó rango ministerial al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y se dispuso su control directo por la Presidencia de la República. En este nuevo contexto, el 3 de noviembre de 1991 quince ciudadanos fueron asesinados en un inmueble ubicado en la zona conocida como Barrios Altos, del Cercado de Lima, por sujetos fuertemente armados que llegaron en vehículos adscritos a instituciones estatales y que actuaron con total impunidad en una zona que contaba con resguardo policial. Este fue el primer hecho atribuido al Destacamento Colina en la ciudad de Lima. Entre las últimas horas del día 17 y la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del “Destacamento Colina” en coordinación con efectivos de la base militar ubicada en la universidad “La Cantuta” irrumpieron en las viviendas universitarias y, en presencia de medio centenar de testigos, secuestraron a 9 estudiantes y un docente de la universidad. Los alumnos fueron: Juan Mariños Figueroa (32), Heráclides Pablo Meza (28), Robert Teodoro Espinoza (24), Armando Amaro Cóndor (25), Luis Enrique Ortiz Pereda (21), Dora Eyague Fierro (21), Felipe Flores Chipana (25), Bertila Lozano Torres (21), Marcelino Rosales Cárdenas y el profesor Hugo Muñoz Sanchez (47). En los días posteriores ninguna autoridad militar daba razón de los estudiantes y el profesor secuestrado y negaba la incursión nocturna.
Los familiares presentaron numerosas acciones de hábeas corpus las que, a pesar de los numerosos testimonios de estudiantes que narraron detalladamente el secuestro de las víctimas, concluyeron sin señalar responsables. La deliberada negativa a dar información por parte de las autoridades políticas, judiciales y militares motivó que la prensa escrita cubriera las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos de “La Cantuta”.
En los primeros días del mes de diciembre de 1992, la Revista Sí publicó un artículo donde sostenía que por fuentes anónimas tenía conocimiento que los responsables de los casos “Barrios Altos” y “La Cantuta” eran miembros del Servicio de Inteligencia Nacional. Inmediatamente, los ex Ministros de Defensa y del Interior, Generales EP ® Víctor Malca Villanueva y Juan Briones Dávila, así como el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Julio Salazar Monroe, interpusieron una denuncia contra Ricardo Uceda, director de la revista, por delito contra la Administración de Justicia.
La periodista Cecilia Valenzuela y el editor de la Revista Caretas, Enrique Zileri Gibson, también hicieron públicas sus sospechas acerca de una intervención paramilitar en el caso. Ambos sufrieron amenazas anónimas de muerte por teléfono. La actuación del Congreso El 2 de abril de 1993, el congresista Henry Pease García informó al Pleno del Congreso que había encontrado en su escaño un documento elaborado por una organización presuntamente militar identificada con las siglas COMACA (Comandantes, Mayores y Capitanes) que denunciaba que el profesor y los 9 alumnos de “La Cantuta” habían sido asesinados por un comando de oficiales y subalternos del Ejército, con conocimiento de altos mandos del Ejército y del Comando Conjunto, así como del Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional.
El Congreso aprobó ese día la creación de una Comisión Especial de Investigación para el caso “La Cantuta“ y solicitó entrevistar al Ministro de Defensa, General EP (r) Víctor Malca Villanueva, al Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General EP® Nicolás de Bari Hermoza Ríos y a los oficiales y funcionarios cuyos nombres figuraban en el documento de COMACA, entre ellos al asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. Hermoza Ríos no asistió a la convocatoria del Congreso aduciendo razones de salud, sin embargo ofició al Consejo Supremo de Justicia Militar para que abra instrucción contra los que resultaren responsables por el caso “La Cantuta”.
La finalidad era que este fuero se avocara a la investigación para “prevenir jurisdicción” y de esa manera argumentar la improcedencia de las investigaciones parlamentarias y las que se iniciaran posteriormente en el fuero común. Al día siguiente, el Consejo Supremo de Justicia Militar excusó ante el Congreso de la República la inasistencia de los militares involucrados por tener una instrucción abierta. El 15 de abril, el General Hermoza Ríos reforzó ambiguamente los argumentos de su denuncia ante los tribunales militares al demandar investigar también a los autores anónimos (COMACA) por el documento dirigido al congresista Pease, no dejando de destacar en su oficio, que ello obedecía a una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas. El 20 de abril de 1993, en una tensa sesión, el General Hermoza Ríos expuso los descargos institucionales de las Fuerzas Armadas ante los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
Al día siguiente, el General Nicolás Hermoza Ríos, en una actitud de desafío y de intimidación contra los sectores de oposición política del Congreso dirigió un inexplicable desfile de tanques y tropas por las calles de Lima. Al mes siguiente, la versión revelada por el congresista Pease García sobre la existencia de un destacamento paramilitar responsable del crimen de “La Cantuta”, sería apoyada por el tercer hombre en la línea de mando en el Ejército Peruano, el General EP® Rodolfo Robles Espinoza.
El 6 de mayo de 1993, en una carta pública, Robles acusaba a los mandos del Ejército y al asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres de mantener un comando operativo responsable de crímenes de lesa humanidad, entre ellos los ocurridos en “Barrios Altos” y “La Cantuta”. Ante las graves acusaciones del General Robles Espinosa, el 9 de mayo el expresidente Fujimori reaccionó respaldando a Hermoza Ríos y al asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, mientras que el Consejo Supremo de Justicia Militar enjuició al General Robles y a sus hijos, también oficiales del ejército en actividad, por ultraje a la Nación y a las FF. AA. El 24 de mayo, en el Congreso de la República, miembros del partido político “Cambio 90” al que pertenecía el expresidente Alberto Fujimori, impidieron que miembros del “Destacamento Colina” fueran interrogados en la Comisión Investigadora al aprobar una moción que prohibió su comparecencia, apoyando, de esa forma, al Consejo Supremo de Justicia Militar que los había excusado por tener un proceso abierto ante los tribunales militares.
Sólo se permitió que asistan el Ministro de Defensa y el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Un mes después, el 24 de junio de 1993, la Comisión Investigadora del Congreso publicó dos informes finales, uno en mayoría que concluyó en la participación militar en los acontecimientos y la responsabilidad penal de oficiales, así como la recomendación de enjuiciamiento en el fuero común y la destitución del General Hermoza Ríos por encubrimiento penal de los hechos. El informe en minoría negó las evidencias y apoyó la investigación en los tribunales militares.
Dos días después, el Pleno del Congreso aprobó el informe en minoría y el caso se derivó a la justicia militar. El 7 de julio de 1993, el Consejo Supremo de Justicia Militar emitió un comunicado sobre el caso sosteniendo que se había avocado al conocimiento del mismo y que varios oficiales involucrados ya venían cumpliendo detención definitiva en un establecimiento penal no especificado. Las revelaciones de la prensa En ese panorama intencionalmente adverso a investigar la desaparición de los estudiantes y el profesor, el 8 de julio de 1993 la Revista Sí dio a conocer un reporte inédito sobre los hechos, revelando que los restos de algunos de los estudiantes habrían sido enterrados en la quebrada de Chavilca, distrito de Cieneguilla, al este de Lima.
Ese día, Ricardo Uceda, director de la revista, solicitó a la 16º Fiscalía Provincial Penal de Lima a cargo del Fiscal Víctor Cubas Villanueva, que practique una diligencia de verificación en la que, ante representantes de la prensa nacional e internacional, el fiscal Cubas Villanueva halló enterrados en Cieneguilla restos óseos y de tejido, calcinados y seccionados, de origen humano, así como efectos personales, entre ellos dos llaveros. Inmediatamente representantes del gobierno mostraron su preocupación frente a los hallazgos de Cieneguilla. La congresista del oficialismo Martha Chávez amenazó a los periodistas de la revista “Sí” aduciendo que habían incurrido en delito contra la administración de justicia.
Tres días después del hallazgo de Cieneguilla, el 12 de julio de 1993, en un intento por exculpar de responsabilidad criminal a los ntegrantes del “Destacamento Colina”, la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) acusó a Sendero Luminoso de dirigir el hallazgo y lo calificó de “una patraña” para desprestigiar al gobierno. Ese día ante la prensa se exhibió un material, que según se informó, fue requisado a senderistas. La DINCOTE mostró un croquis y un texto similar al recibido por la revista “Sí”. Dos días después, el 14 de julio, la DINCOTE convocó a una conferencia de prensa para informar que había capturado a presuntos senderistas acusándolos de ser los autores del mapa entregado a la Revista “Sí”.
El 22 de julio, el ciudadano Juan Mallea Tomailla fue presentado ante las cámaras de televisión, vestido degradantemente con traje a rayas y acusado de pertenecer a Sendero Luminoso y ser el autor de los planos de las fosas de Cieneguilla. Según las pericias grafotécnicas practicadas por la Policía existía un leve parecido de la letra de Mallea con la utilizada en el plano de acceso a Cieneguilla que publicó la revista “Si”. Meses después, Maella fue declarado inocente por el Poder Judicial. Posteriormente, el Fiscal Cubas Villanueva reveló que los restos humanos hallados en Cieneguilla fueron quemados en otro lugar y posteriormente trasladados al lugar en que fueron encontrados.
El 20 de agosto de 1993, en una diligencia realizada en la residencia estudiantil de la universidad, se probaron las llaves encontradas en las fosas de Cieneguilla. Con una de las llaves, el Fiscal abrió un candado del armario del estudiante Juan Gabriel Mariños Figueroa. Con otra llave, el Fiscal abrió el armario del estudiante Armando Amaro Cóndor.
Otra de las llaves permitió abrir la puerta del local del Centro Federado de Electromecánica, del que José Mariños había sido dirigente estudiantil. Finalmente, otra de las lleves abrió la casa de la señora Rayda Cóndor, madre del estudiante Armando Amaro Cóndor. Las Fosas de Huachipa El 2 de noviembre de 1993, en un nuevo reportaje, la Revista “Sí” proporcionó mayores elementos sobre el lugar de entierro de los estudiantes y del profesor al informar que, por fuentes anónimas había tomado conocimiento que la madrugada del 18 de julio los diez cadáveres fueron enterrados inicialmente en una hondonada ubicada en el kilómetro 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé (Huachipa) que la Policía Nacional utiliza como campo de tiro y que posteriormente los cuerpos fueron exhumados para ser trasladados a Cieneguilla, donde se habría realizado un entierro secundario.
En base a esa revelación de la prensa, en los días siguientes la fiscalía realizó una exhaustiva búsqueda en la zona de Huachipa y luego de contactos con las fuentes periodísticas anónimas se ubicaron las fosas donde se realizaron los primeros entierros, hallándose dentro restos de cadáveres y efectos personales que fueron reconocidos por los familiares de las víctimas.
Fuente: Semanario Expresión
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