A lo largo de su trabajo de investigación, la CVR ha recibido reportes que dan cuenta de 4,423
víctimas de ejecuciones arbitrarias por agentes del Estado en las cuales se ha logrado determinar la
ubicación de los cadáveres de las víctimas.
Adicionalmente, se han reportado 2,911 personas cuyo paradero de desconoce a consecuencia de detenciones atribuidas a los agentes del Estado.
Como se ha expuesto en la sección correspondiente, la CVR tiene evidencias que le permiten concluir que, por lo general, estas personas desaparecidas han sido víctimas de ejecuciones arbitrarias imputables a agentes estatales. Ello eleva la cifra de víctimas fatales atribuidas a agentes del Estado que fueron reportadas a la CVR a 7,334 personas.
Como se aprecia en el gráfico 1, los años en que se cometieron las ejecuciones que dieron
lugar al mayor número de víctimas fatales fueron 1983-1985 y 1989-1992 (45% y 23% de las
ejecuciones reportadas a la CVR respectivamente), siendo los picos más altos (en orden de
magnitud) 1984, 1983 y 1989.
Tratándose de miles de personas muertas no en combate sino a sangre fría, la CVR concluye que la eliminación física de quienes se consideró subversivos, fue un instrumento utilizado de manera persistente y, durante algunos años y en ciertas zonas, en forma reiterada por miembros del Ejército, la Marina de Guerra y de las Fuerzas Policiales como parte de la política contrainsurgente entre los años 1983 y 1996.
El número de ejecuciones arbitrarias y de desapariciones forzadas, relativamente pequeño durante los tres primeros años del conflicto armado (1980-1982), se multiplicó siete veces luego que las Fuerzas Armadas asumieran el control del orden interno en Ayacucho en tanto Comando Político Militar, el 27 de diciembre de 1982, por encargo del Gobierno constitucional.
Posteriormente hubo un descenso importante de las ejecuciones a partir de 1985 hasta 1987.
En 1988 la intensidad del conflicto armado interno vuelve a crecer cuando el PCP-Sendero Luminoso expande su ámbito de acción a zonas diferentes a las de Ayacucho, especialmente los departamentos de Junín, Huánuco y San Martín, donde además actuaba el MRTA.
En 1989 se alcanza un nuevo pico de ejecuciones por agentes del Estado, cuyo número se mantiene relativamente alto hasta 1992. Estas prácticas criminales decrecieron sustantivamente de 1993 en adelante en la medida que la intensidad del conflicto armado se redujo en el país.
En el gráfico 2
se puede observar la distribución de la práctica de las ejecuciones arbitrarias según departamentos. Como ha sido varias veces indicado en diversas secciones del presente informe, el departamento más afectado fue Ayacucho (más del 50% de los casos reportados a la CVR), los departamentos del nororiente (Huánuco, San Martín, Ucayali) y del centro del país (Junín, Huancavelica) fueron también importantes escenarios de ejecuciones arbitrarias.
En Ayacucho, entre 1983 y 1984 son particularmente importantes los casos de ejecuciones arbitrarias perpetradas por agentes de las Fuerzas Armadas en las provincias de La Mar, Huanta, Huamanga y Víctor Fajardo (véase el gráfico 3).
La CVR ha establecido que miembros del Ejército Peruano acantonados en el Cuartel Nº 51, denominado como Los Cabitos, y en la Unidad de inteligencia conocida como La Casa Rosada (ambos establecidos en Huamanga); así como miembros de la Infantería de la Marina de Guerra acantonados en el Estadio de Huanta, ordenaron, permitieron o cometieron un sinnúmero de violaciones de los derechos humanos de la población local, entre los años 1983 y 1984.
La CVR ha establecido que miembros del Ejército Peruano acantonados en el Cuartel Nº 51, denominado como Los Cabitos, y en la Unidad de inteligencia conocida como La Casa Rosada (ambos establecidos en Huamanga); así como miembros de la Infantería de la Marina de Guerra acantonados en el Estadio de Huanta, ordenaron, permitieron o cometieron un sinnúmero de violaciones de los derechos humanos de la población local, entre los años 1983 y 1984.
Gráfico 3
Ejecuciones arbitrarias y estrategia contrasubversiva
La práctica de las ejecuciones arbitrarias fue considerada por los principales agentes del Estado como uno de los métodos que debían utilizarse en la lucha contrasubversiva.
En suma, la estrategia contrasubversiva aplicada por los agentes del Estado, en particular las Fuerzas Armadas, contiene expresamente como uno de los métodos de lucha, la eliminación física de los miembros o colaboradores de las organizaciones subversivas en contextos diferentes a
los enfrentamientos armados o combates.
Esta medida extrema estaría justificada por el elevado nivel de compromiso ideológico con los objetivos de las organizaciones subversivas que tendrían sus miembros, en especial «los Jefes y los miembros más destacados».
Esta medida extrema estaría justificada por el elevado nivel de compromiso ideológico con los objetivos de las organizaciones subversivas que tendrían sus miembros, en especial «los Jefes y los miembros más destacados».
En buena cuenta, el manual operativo del ejército sistematiza y organiza en forma explicita lo que venía siendo la experiencia empírica de los agentes del Estado en las operaciones en el terreno, con el fin de crear una guía específica y uniforme de actuación.
Una de las conclusiones de este trabajo de sistematización es la necesidad de «evitar que se cometan errores» tratando de conseguir información de mejor calidad que lleve a la identificación más precisa de los blancos a eliminar. En el texto citado, la mención a los «errores» cometidos podría considerarse como una autocrítica de la ejecución masiva de miles de campesinos ayacuchanos en los primeros años de intervención de las fuerzas armadas en el conflicto.
Una de las conclusiones de este trabajo de sistematización es la necesidad de «evitar que se cometan errores» tratando de conseguir información de mejor calidad que lleve a la identificación más precisa de los blancos a eliminar. En el texto citado, la mención a los «errores» cometidos podría considerarse como una autocrítica de la ejecución masiva de miles de campesinos ayacuchanos en los primeros años de intervención de las fuerzas armadas en el conflicto.
Entre 1982 y 1984 la estrategia contrasubversiva de las fuerzas del orden carecía de un conocimiento adecuado del tipo de subversión armada que enfrentaban, lo que las llevó a considerar extensas zonas del campo ayacuchano como zonas controladas por la subversión y a sus habitantes —en particular los hombres— como presuntos subversivos sin mayores distinciones y, por lo tanto, como blancos legítimos de la acción armada.
Como se aprecia en el gráfico 4, según el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, en 1984 la proporción de bajas entre fuerzas del orden y presuntos subversivos era de 25 a 1 (25 presuntos subversivos muertos por cada efectivo militar o policial muerto), es decir 13 veces mayor que la misma tasa para 1989 (1.95 a 1), momento en el cual se publica el manual contrasubversivo y donde se supone que los agentes del Estado han
Como se aprecia en el gráfico 4, según el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, en 1984 la proporción de bajas entre fuerzas del orden y presuntos subversivos era de 25 a 1 (25 presuntos subversivos muertos por cada efectivo militar o policial muerto), es decir 13 veces mayor que la misma tasa para 1989 (1.95 a 1), momento en el cual se publica el manual contrasubversivo y donde se supone que los agentes del Estado han
adquirido mayor experiencia operativa.
Gráfico 4
Alan García Pérez (1985 - 1990)
Al asumir la presidencia de la república en 1985, Alan García Pérez pudo comprobar lo indiscriminado de esa estrategia al leer los partes de acciones militares en Ayacucho, ya que en muchos de ellos se daba cuenta del número de presuntos subversivos muertos por acción de las
fuerzas armadas pero no se detallaba ningún tipo de armamento incautado.
La sospecha de que se estaba ejecutando indiscriminadamente a miles de personas llevó al ex presidente García a decretar un cese temporal de las acciones de patrullaje militar en las zonas declaradas en emergencia con el fin de reformular la estrategia contrasubversiva.
Las consecuencias de esta decisión pueden explicar en cierta medida el descenso de ejecuciones arbitrarias por agentes del Estado entre 1985 y 1987.
La sospecha de que se estaba ejecutando indiscriminadamente a miles de personas llevó al ex presidente García a decretar un cese temporal de las acciones de patrullaje militar en las zonas declaradas en emergencia con el fin de reformular la estrategia contrasubversiva.
Las consecuencias de esta decisión pueden explicar en cierta medida el descenso de ejecuciones arbitrarias por agentes del Estado entre 1985 y 1987.
Como se ha señalado en varias secciones del presente informe, el aumento significativo de las víctimas fatales causadas por el conflicto armado interno en 1989 fue acompañado por una extensión del mismo a diversas zonas del país, ya que en ese año se registran el mayor número de distritos donde se reportaron víctimas.
Sin embargo, este aumento es mucho mayor en el caso de las víctimas atribuidas al PCP-Sendero Luminoso que en el de aquéllas causadas por los agentes del Estado (véase el gráfico 5). Paralelamente, como se expuso en el capítulo correspondiente, la práctica de desaparición forzada por agentes del Estado se vuelve mucho más sistemática entre 1989 y 1993.
Sin embargo, este aumento es mucho mayor en el caso de las víctimas atribuidas al PCP-Sendero Luminoso que en el de aquéllas causadas por los agentes del Estado (véase el gráfico 5). Paralelamente, como se expuso en el capítulo correspondiente, la práctica de desaparición forzada por agentes del Estado se vuelve mucho más sistemática entre 1989 y 1993.
Gráfico 5
Estos elementos explican cómo la sistematización de la experiencia contrasubversiva de los
agentes del Estado en el manual citado, así como las pautas operativas que de él se derivan, pueden
observarse en la evolución de los patrones estadísticos detectados por la CVR a partir de 1989:
Disminución relativa del número de víctimas de ejecuciones arbitrarias respecto del periodo anterior
y de los otros actores del conflicto armado interno; mayor sistematicidad de la práctica de
desaparición forzada como método para obtener información y luego ejecutar a los sospechosos de
pertenecer o colaborar con la subversión, asegurando la impunidad de los responsables de esas
violaciones.
Otra de las consecuencias de estos cambios es que las ejecuciones arbitrarias adquieren
un carácter más selectivo, puesto que la inteligencia reunida debía permitirle a las fuerzas del orden
seleccionar a sus blancos con mayor precisión.
De lo indiscriminado a lo selectivo
Las masacres pueden ser consideradas como un indicador de cuan indiscriminada fue la estrategia
contrasubversiva implementada por los agentes del Estado.
Otra forma de dar cuenta de ello es analizar la evolución del tamaño promedio de los grupos en los cuales fueron ejecutadas las víctimas reportadas a la CVR y cuyo cadáver ha podido ser ubicado.
Como se aprecia en el gráfico 7, es en los primeros años de intervención de las fuerzas armadas en el conflicto armado interno donde este tamaño promedio es el más alto.
Posteriormente se puede observar que hubo un proceso de reformulación de las estrategias de lucha contrasubversiva y las ejecuciones se volvieron más selectivas, en particular a partir de 1989, lo que coincide con la elaboración del manual de contrasubversión de las Fuerzas Armadas.
Asimismo es en este período (1989-1992) donde la CVR ha registrado la mayor intensidad de la práctica de desaparición forzada por agentes del Estado.
Gráfico 7
Por: pegaso125
Fuente: CVR
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