Un grupo de efectivos militares ingresó a Cayara al día siguiente del ataque. Según investigaciones posteriores, los soldados llevaron a cabo una serie de ejecuciones extrajudiciales y actos de violencia extrema contra los pobladores, acusándolos de colaborar con Sendero Luminoso. El número exacto de víctimas aún es disputado, pero se estima que al menos 30 personas fueron asesinadas. Testimonios también reportaron desapariciones forzadas, saqueos y violaciones durante la incursión militar.
El caso de Cayara se convirtió en un símbolo de la falta de justicia y de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado en esa época. Documentos indican que las autoridades trataron de encubrir los hechos, y las investigaciones fueron obstruidas. Incluso, la defensora de derechos humanos y fiscal de Ayacucho, Gisela Ortiz de Zevallos, sufrió amenazas al intentar investigar el caso.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) incluyó el caso de Cayara en su informe final del 2003 como uno de los ejemplos más emblemáticos de las violaciones de derechos humanos en el conflicto armado interno. A pesar de los esfuerzos por llevar a los responsables ante la justicia, muchos de los perpetradores nunca fueron sancionados. Este episodio sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva del Perú, recordándonos la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la lucha contra el terrorismo.
Por: pegaso125
Fuente: CVR
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