1/11/2024
Durante el periodo de 1990 a 1995 en Perú, se entregaron armas a las comunidades campesinas como parte de una estrategia del gobierno para combatir la insurgencia de grupos armados, principalmente Sendero Luminoso y, en menor medida, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Este periodo estuvo marcado por un conflicto interno muy violento, y las comunidades rurales, especialmente en zonas andinas, fueron gravemente afectadas por las acciones de los grupos armados y por la represión del Estado.
Aquí algunos motivos detrás de esta medida:
Autodefensa Comunitaria:
Ante la falta de presencia estatal en muchas zonas rurales y el incremento de la violencia, el gobierno incentivó la formación de rondas campesinas o "comités de autodefensa". Estas rondas se convirtieron en una forma de protección ante los ataques de Sendero Luminoso, que solía castigar o coaccionar a las comunidades que no se alineaban con sus objetivos.
Debilitamiento de Sendero Luminoso:
El gobierno peruano buscaba cortar el soporte logístico y humano que Sendero Luminoso obtenía de las comunidades rurales. Armar a los campesinos fue una estrategia para dificultar el avance de los grupos subversivos en las zonas donde buscaban imponer su control y obtener recursos.
Escasez de Fuerzas del Estado:
En ese periodo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no contaban con suficientes efectivos ni recursos para proteger a todas las zonas rurales. Delegar la autodefensa a las comunidades campesinas permitió al Estado concentrarse en operaciones de gran escala, mientras las comunidades se encargaban de su propia seguridad en menor escala.
Respaldo a la Autonomía Campesina:
El gobierno también consideraba que las comunidades, al estar armadas, podían fortalecer su capacidad para organizarse y defender su territorio. A las rondas campesinas se les otorgaba capacitación básica, y en algunos casos se les proporcionaba armamento liviano y coordinación directa con las fuerzas del Estado.
Este enfoque de autodefensa generó polémica, ya que si bien contribuyó a reducir la expansión de Sendero Luminoso, también derivó en abusos de poder, violencia entre comunidades y desplazamiento de civiles inocentes. Además, creó conflictos internos, ya que algunas comunidades no deseaban participar en la defensa armada o temían represalias de los grupos insurgentes. En los años posteriores, esta política fue criticada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú debido a los daños colaterales y a las violaciones de derechos humanos que surgieron como consecuencia de este enfoque.
Por: pegaso125
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