30/11/24
El Estado peruano pretende dejar de prestar servicios a la población y convertirse en fuente de normas que regulen la vida social y en supervisor del cumplimiento de esas normas. Por la complejidad de la vida contemporánea es más fácil que organismos compuestos por tecnócratas preparen las decisiones políticas (que deben ser tomadas ágilmente) y luego se encarguen de ejecutarlas.
Es un Estado muy distinto al que hemos estado acostumbrados porque los órganos tradicionales van teniendo cada vez menor importancia.
Los tecnócratas acusan al Congreso de debatir mucho, de carecer de personas competentes y de tomar decisiones transaccionales, es decir mediatizadas, porque, en esencia, es un órgano diseñado para debatir y concertar, lo que es aplicable tanto a su función legislativa como a la de control político. En el Estado de tecnocracia, eficiencia y supervisión, un Congreso como el peruano (que estructural y funcionalmente es calco de los congresos que tenemos desde el siglo pasado) no puede tener ningún poder efectivo.
Claro que podríamos modernizar al Congreso (lo que no sólo significa meter computadoras en él), pero la decisión que parece haberse tomado es más bien la inversa: dejar que el Congreso vegete en medio de su creciente modernidad, que cada vez tome menos decisiones y que ellas pasen al Poder Ejecutivo, manejadas por los tecnócratas asesores.
Tampoco el Poder Judicial es un órgano que pueda incorporarse al Estado contemporáneo, con sus jueces acostumbrados a resolver expedientes y a seguir un trámite de iniciados que sólo ciertos abogados (ni siquiera todos ellos) pueden llegar a conocer bien. Podría elaborarse un gran proyecto de modernización que luego fuera impulsado desde dentro por un grupo de magistrados dispuestos a llevar adelante los cambios. Para ello se necesitaría que la Corte Suprema fuera distinta: que su trabajo consistiera en dirigir y modernizar el Poder Judicial y no en ser la que revisa por última vez buena parte de los pleitos que se disputan en todo el Perú.
Probablemente podría ver un centenar de ellos al año, pero básicamente para sentar línea de resolución, no para ser instancia definitiva. Esto, por supuesto, nunca se hizo y no se le ocurrió a ninguna Corte Suprema durante este siglo y el anterior, desde que teniendo iniciativa para presentar leyes nunca la utilizaron para realizar estas transformaciones (y, en verdad, casi para nada).
Ya sólo ésa era una razón para pensar que la Corte Suprema debía cambiar, pero de función: debía dejar de ser una instancia judicial para convertirse en un colegiado que dirigiera la Administración de Justicia en el Perú. Debía por tanto tener una función política, no técnica, pero no en el sentido político partidario, sino en el de desarrollar una política para el Poder Judicial, tanto de organización como de funcionamiento. Sin embargo, al Poder Judicial se le decide reformar administrativamente.
Esto es consistente con el pensamiento tecnocrático: hay ineficiencias y demoras y lo que hay que hacer es cambiar la estructura administrativa al tiempo que se evalúa y capacita al personal. Si, por ejemplo, habláramos de un submarino anterior a la segunda guerra mundial y se lo dieran a un juez para que lo hiciese más eficiente, probablemente decidiría reformar la administración y capacitar mejor a la gente. Un marino pediría cambiar el buque porque los demás esfuerzos serían estériles a estas alturas de la vida. Ojo, y no restamos una coma de buena voluntad al juez capitán de submarinos. La analogía en sentido inverso es también pertinente.
Lo que ocurre es que el submarino judicial no sólo es de la preguerra: es del siglo pasado. Sobre lo que más bien hay que llamar la atención, es sobre el hecho de que un gobierno que se pretende modernizador, en una época en que la institucionalidad es uno de los objetos de estudio más intensos, no focalice el cambio en el submarino sino en la manera de administrarlo.
Desde luego, y como en el caso anterior, aquí también suponemos (y muchas veces vemos), buena fe explícita en los marinos que han asumido el puente de mando del Palacio de Justicia. Pero lo que hay que hacer es cambiar de Poder Judicial. Este cambio no lo pueden diseñar ni marinos ni jueces (tampoco abogados solamente) porque la administración de justicia no es sólo administrativa, ni sólo jurídica.
En esencia, es una parte sustancial de la política que consiste en solucionar oportuna y correctamente los conflictos sociales para pacificar a la sociedad. Todo lo demás, viene por añadidura. Esto quiere decir que si tenemos los mejores códigos y los mejores jueces, pero el sistema no soluciona los conflictos, todo es un inmenso fracaso. Hemos puesto en cabeza del Legislativo y del Judicial los problemas básicos del nuevo Estado que se está diseñando.
En el afán tecnocrático, se ha postergado la necesidad de pensar políticamente las cosas. Esto tiene consecuencias concretas inmediatas.
Por ejemplo, en vez de pensar políticamente el rediseño de la Administración de Justicia, convocando a cuanto peruano eminente haya para que dé su opinión (cosa que por lo demás debería estar haciendo hace ya años la Comisión de Justicia del Congreso), se pretende solucionar las cosas con una comisión que no sólo es anticonstitucional sino miope (no por quienes la componen, sino por quienes la aprueban) para ver los problemas de diseño y estructura del Poder Judicial. Se buscará modernizar su administración y hacer un nuevo despido masivo de personal. Pero todo seguirá siendo lo mismo porque la estructura no habrá cambiado.
Necesitamos sí un nuevo Estado que corrija los defectos del anterior.
También necesitamos un nuevo Congreso y un nuevo Poder Judicial, cualitativamente distintos de los que existieron, pero no sólo para que sean más eficientes, para que muestren en las estadísticas que tratan más leyes o más sentencias. Necesitamos un Congreso que represente al pueblo y un Poder Judicial que solucione los conflictos sociales.
Lograr estas dos cosas supone grandes lucubraciones políticas. Hace docientos cincuenta años fueron diseñados en sus formas más generales los que ahora existen y sirvieron durante muchos años. Pero esos diseños, ni entonces ni ahora, estuvieron a cargo de los tecnócratas, que sólo conocen una materia y eventualmente saben ponerla en práctica. Lo que necesitamos es diseñadores de sociedad que amasando intereses y agregándolos propongan una institucionalidad moderna, seguramente compleja, pero eficiente y políticamente adecuada. Podrán servirse de técnicos, pero no deberán cederles la decisión porque entonces sufrirá la calidad política (y seguramente democrática) de ésta.
Por supuesto, es más fácil lo que sucede: el Poder Ejecutivo concentra todas las decisiones importantes y se apoya en tecnócratas. Pero eso no construye el Estado alternativo que el país necesita. Lo que se hace es solamente construir más poder en torno a la cabeza del Ejecutivo, y dar más poder a los tecnócratas que a los políticos.
Ese Estado parecerá eficiente, y en sus procedimientos lo será, pero no constituirá el gran pacto político de todos los que somos peruanos y pertenecemos a él. Probablemente sirva para un poco menos de la mitad de los peruanos (los que no están bajo la línea de pobreza y pueden disfrutar en algo de los beneficios de la sociedad).
Pero en ese caso, este Estado habrá sembrado las tempestades de su propia ineficiencia global porque la verdadera eficiencia del Estado no está en hacer las cosas rápido en Lima, entre Cieneguilla y San Isidro, sino en gobernar como se debe a todos los peruanos entre Tumbes y Tacna, y entre el Mar de Grau y Bolivia.
El resto de proyectos, sobre todo aquellos que marginen a media población, serán (o tal vez ya lo son) una torpeza de largo plazo y un espejismo para hacer creer que hacemos las cosas bien hoy, sin pensar que el Perú es mucho más en espacio y tiempo, y que sólo haremos bien las cosas si aseguramos el futuro. En este trascendental sentido, hay que reconocer que en la actualidad el gobierno es muy poco eficiente. Ojalá cambie.
Fuentes:Desco
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