A casi dos años de iniciada la última reforma del Poder Judicial, cabe preguntarse cuáles son los logros conseguidos hasta la fecha y qué se puede esperar para el año que se avecina.
Para intentar responder a tales interrogantes, resulta pertinente repasar algunos de los objetivos trazados por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial a fin de determinar cómo se han venido desarrollando las acciones destinadas a lograr los cometidos propuestos.
Lo bueno
En el campo de la reforma de los sistemas administrativos, es indudable que es donde más se ha avanzado, aun cuando la separación de las labores jurisdiccionales y administrativas no ha operado en el caso de las jurisdicciones especiales (tráfico de drogas, delitos tributarios, procesos a bandas). Según las estadísticas de la Comisión Ejecutiva, ha mejorado sustancialmente la reducción de la carga procesal atrasada y la celeridad de los procesos penales con detenidos, y se ha reducido el plazo de duración de los procesos penales sumarios y ordinarios de mediana complejidad.
En lo que respecta a la capacitación de los magistrados, la Academia de la Magistratura ha adelantado significativamente con el dictado de cursos para aspirantes y la realización de eventos académicos para magistrados en funciones.
En lo que respecta a la reforma de los Despachos Judiciales, informatización del servicio de justicia, publicidad de sentencias y uniformidad de reglas de juicio, se han desarrollado algunas acciones, pero lo conseguido hasta este momento resulta insuficiente y parece haberse atrasado en el calendario prefijado.
Lo malo
De otro lado, existen otros aspectos en los que los resultados a la vista no son muy halagüeños.
En lo que atañe al control de la corrupción, si bien se han dado a publicidad algunos casos descubiertos a través de operativos, es evidente que se trata de casos de menor importancia, susbsistiendo aún importantes lagunas de corrupción e impunidad dentro del sistema, especialmente en lo que respecta a magistrados de mayor jerarquía. No se ha vuelto a saber del anunciado proyecto anticorrupción destinado a combatir integralmente este fenómeno.
El tema del alto número de magistrados provisionales, que a tantas suspicacias se ha prestado, parece no tener solución en el corto plazo, lo que afecta considerablemente la buena marcha del sistema.
Lo feo
En materia de independencia del Poder Judicial e imparcialidad de los magistrados, a lo largo del año diversos hechos han empañado seriamente la intencionalidad de la reforma. La remoción de magistrados en los procesos vinculados a la Dra. Delia Revoredo, Baruch Ivcher, el divorcio del presidente Fujimori, el zarandeo al que fueron sometidos los magistrados de la Sala de Derecho Público, la denuncia contra la Dra. Minaya, entre otros, aparentan darle la razón a quienes afirman que la reforma se desarrolla en el contexto de un marco político que pretende consolidar la injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial.
Finalmente, la reciente postergación indefinida de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, tan esperada a lo largo de estos años, aparece como un contrasentido respecto a las intenciones declaradas de los reformadores en lo que se refiere a la optimización de la administración de justicia en materia penal.
Si bien es cierto que los más de US$ 60'000,000 (sesenta millones de dólares) aprobados por el BID y el Banco Mundial para apoyar la reforma constituyen un aporte que permite afirmar que ésta se profundizará a lo largo del próximo año, es de esperar que se adopten las medidas necesarias para asegurar que todo el esfuerzo desplegado se dirija a consolidar un Poder Judicial eficiente, autónomo y realmente independiente del poder político.
Por: José Carlos Ugaz
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