CAPÍTULO III
GOBIERNO DE LOS 80
III.A. PERIODO DE FERNANDO BELAUNDE TERRY (1980-1985)
Básicamente el inicio de la lucha armada coincide con la llegada al poder del presidente Fernando Belaunde Terry. El día en que éste asumía el mando de la Nación, el 28 de julio de 1980, Sendero Luminoso volaba su primera torre de alta tensión en las afueras de Huancavelica. Como quiera que en un comienzo las acciones militares fueron esporádicas y de pequeña magnitud y, básicamente, estuvieron focalizadas en el departamento de Ayacucho, el gobierno, lejos de realizar tareas de prevención y disuasión, evidenció una conducta irresoluta frente a la presencia de la red terrorista Sendero Luminoso.
Simplemente le restó importancia y asumió, de plano, que se trataba de simples hechos marginales sin la menor trascendencia o repercusión nacional, razón por lo que consideró poco político aceptar, que dentro de la democracia pudiese producirse un movimiento terrorista. En consecuencia negó, rotundamente, la existencia de acciones subversivas y calificó estos hechos como “violencia aislada” en ese departamento, como obra de abigeos.
En concordancia con esta perspectiva se entregó el manejo del problema exclusivamente a las Fuerzas Policiales y se las hizo responsables de la investigación de los delitos por ser su competencia funcional. De esta manera, y evidenciando un profundo desconocimiento de este tipo de conflictos asimétricos, se dio un tratamiento absolutamente policial a las acciones armadas de la red terrorista Sendero Luminoso.
Años más tarde, miembros de Acción Popular han manifestado que cuando llegaron al gobierno en 1980 encontraron que los servicios de inteligencia habían sido desmantelados por el gobierno militar anterior –que presidía el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti– y que no existía a esa fecha ningún documento respecto a Sendero Luminoso, vacío que argumentan les imposibilitó tener una clara percepción del problema. Esta versión es enteramente falsa, pues los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas brindaban a los responsables de la decisión política, con cierta periodicidad, información sobre las actividades terroristas.
Lo que sí es verdad es que en esos informes se incurría –muchas veces– en confusiones, pues se trataba de una red cuya estructura organizacional era pequeña y con poca presencia y aún no se entendía ni conocía este nuevo tipo de guerra asimétrica en el Sistema de Inteligencia.
El presidente Fernando Belaúnde vivía en 1980 el trauma del golpe de Estado que lo derrocó y por eso cometió el error de no encomendar desde un inicio a las Fuerzas Armadas el control de la subversión en Ayacucho. Ese temor presidencial, esa imprevisión e improvisación explican el avance arrollador de Sendero Luminoso durante su régimen.
Con el objetivo de conocer la otra parte de la historia de la guerra interna en el Perú, contada nada menos por quien concibió, planificó, ejecutó y dirigió la autodenominada guerra popular contra el Estado peruano, y a fin de enriquecer la Base de Datos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), le pregunté –en una de las largas entrevistas– a Abimael Guzmán Reinoso:
–¿Cuál era el punto de vista de la dirección central de Sendero Luminoso con relación a la respuesta que dio el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry de encargarle exclusivamente la responsabilidad a las fuerzas policiales de combatirlos durante los primeros años del conflicto?
Me miró fijamente. Sonrió y antes de responder mi pregunta me lanzó otra:
“¿Puedo fumar?”
–¡Por supuesto! –le dije, y como estaba informado que era adicto a la marca Winston, tomé una cajetilla de cigarrillos de un paquete que adrede había llevado y lo invité a que sacara uno a sabiendas que era su delirio.
–¡Gracias doctor Montesinos! –extrajo el cigarrillo con marcada ansiedad.
Se lo encendí.
–¿Usted no fuma?
me preguntó con curiosidad.
–No, señor. Por el momento no –contesté en forma neutra, a fin de no brindar ninguna información a mi interlocutor.
Luego le dije:
–¡Comprendo la ansiedad del fumador! Este cartón de cigarrillos Winston es para usted. Se lo obsequio junto al encendedor con el que prendí su cigarrillo. ¡Tómelos, son suyos!
–¡Gracias! ¡Es usted muy amable, doctor Montesinos!
Respondiendo la pregunta, Guzmán manifestó que en la dirección central del Partido Comunista tenían muy en claro que el señor Fernando Belaunde Terry al asumir el gobierno el 28 de julio de 1980 sería renuente a dar un mínimo de espacio y responsabilidad a las Fuerzas Armadas, y más bien trataría de relegarlas a un segundo plano.
Comprendían que Belaunde tendría temor de no poder controlar a los militares; el trauma que padecía desde la madrugada del 3 de octubre de 1968, día de su derrocamiento e instauración del llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, lo perseguía. Aún recordaba su deportación a Buenos Aires y su largo exilio de 12 años viviendo como profesor en universidades norteamericanas. De vuelta al poder tras este lapso, su línea política en la conducción del Estado sería mantener una lógica distancia con los militares y ese hecho quedó demostrado con la designación como ministros de Guerra, de Marina y de Aeronáutica a tres longevos oficiales retirados que pasaban los 75 años de edad cada uno y que se opusieron al golpe militar del general Juan Velasco Alvarado.
Con esta respuesta se logra entender cómo es que dicha red terrorista aprovechó esa situación hábilmente a fin de expandir su radio de acción a otras localidades del Perú, y es así que durante dos años y medio no fueron combatidos como era menester hacerlo.
Cuando se convirtieron en una amenaza indiscutible e inocultable la situación se tornó inmanejable para el gobierno belaundista. Ese fue el costo inmediato de un tratamiento errado de cabo a rabo.
Tratar de delincuentes comunes a quienes eran exponentes de un nuevo tipo de guerra fue fatal. Pero no sólo el oficialismo, sino también la clase política en general, fueron incapaces de responder a este desafío antisistema que era una agresión planificada como guerra asimétrica. Las Fuerzas Policiales fueron desbordadas por una cruda realidad que no entendían ni conocían y se hacía indispensable el ingreso de las Fuerzas Armadas; el gobierno, pese a que no le agradaba tal perspectiva, no tuvo otra opción que declarar el estado de emergencia en Ayacucho y disponer la instalación de un Comando Político-Militar con sede en Huamanga (Cuartel Militar Cabitos 51) y a su vez ordenar el 30 de diciembre de 1982 el ingreso de las Fuerzas Armadas para el control de dicho departamento, asignándose la misión al general de brigada EP Roberto Clemente Noel Moral, Comandante General de la Segunda División de Infantería.
No bien ingresaron las Fuerzas Armadas al control de la zona de Ayacucho se produce el lamentable asesinato de ocho periodistas el 26 de enero de 1983 en la comunidad campesina de Uchuraccay.
Allí habían llegado, procedentes de Lima, los hombres de prensa.
Quiso la fatalidad que fueran confundidos con senderistas por los comuneros de esos recónditos parajes andinos y, por esta razón, fueron linchados y posteriormente enterrados en fosas clandestinas.
Este hecho conmocionó a la opinión pública nacional e internacional.
En el Perú y fuera del país se supo entonces de la existencia de un clima de inusitada violencia en los Andes, resonaron los nombres de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica en todas partes: esos eran los departamentos donde empezaba una orgía de sangre y destrucción que dejaría profundas cicatrices en la historia de la República.
El caso Uchuraccay dio paso a una comisión investigadora designada por el gobierno. A partir de entonces el general Noel tuvo que dedicarse a tiempo completo a recibir la visita de diversas autoridades que viajaban constantemente de Lima a Ayacucho para indagar por los extraños y fatídicos acontecimientos. Como consecuencia de ello el Comandante General a cargo del Comando Político-Militar de Ayacucho, perdió la iniciativa en el desarrollo de las operaciones y se distrajo en sus tareas de comando, al tener que dedicarse a actividades que comprometieron su atención.
El 27 de diciembre de 1982, previa a la decisión política de encargar al general Noel la misión de combatir a Sendero Luminoso, el presidente Fernando Belaunde dio un ultimátum de 72 horas para que los “subversivos” depongan las armas.
Para el señor Belaunde, tan afecto a los gestos y a la formalidad, aquello significaba un acto democrático ineludible, que por cierto no tenía ningún sentido ni interés para los senderistas, embarcados ya en su proyecto genocida y de hundimiento del Estado burgués. Esto más que un dato histórico, es una anécdota que ilustra el grado de divorcio de la realidad que caracterizaba la actuación de la clase política tradicional.
Transcurrido el término, y sin respuesta alguna, el Presidente se reunió con el Comando Conjunto y luego de escucharlos personalmente encargó a los militares la designación de la Jefatura del nuevo Comando Político-Militar en Ayacucho, dándoles la responsabilidad de luchar contra la subversión.
Con la curiosidad propia de un hombre de inteligencia le pregunté a Abimael Guzmán Reinoso:
–¿Escuchó o tomó conocimiento del ultimátum de 72 horas que les dio el gobierno del presidente Belaunde para que depongan las armas?
¿Qué hicieron?
–Sí, escuchamos por radio estando en Ayacucho en una reunión con algunos camaradas del comité central.
–¿Qué decidieron?
Repregunté sin dar tregua.
–Vea, doctor Montesinos, ¡sólo faltaba que nos mandaran a los padrinos!
–¿Explíqueme usted que quiere decir con eso, doctor Guzmán?
–¡Oiga usted, estábamos en plena guerra interna que ya tenía más de dos años de iniciada y era absurdo que a esas alturas salgan con esa advertencia!
Las Fuerzas Policiales fueron desbordadas por una cruda realidad por ello, Fernando Belaúnde se vio obligado a declarar el estado de emergencia en Ayacucho y disponer la instalación de un Comando Político Militar con sede en Huamanga-Ayacucho y a su vez ordenar el 30 de diciembre de 1982, el ingreso de las Fuerzas Armadas para el control de la zona de Ayacucho, asignándose la misión al general de brigada E.P. Roberto Clemente Noel Moral.
–¿Cómo es eso?
–insistí dando la impresión de que no entendía la respuesta.
–¡Esa exhortación reforzó nuestra apreciación de que las autoridades del Estado peruano no tenían la menor idea de la guerra que vivía el país!
– ¿Por qué dice usted ello?
–¡Pues si aquí no hay Convención de Ginebra ni declaratoria de guerra previa, menos podía dársenos un ultimátum cuando estábamos ganando el conflicto! –me contestó con un aire de autosuficiencia.
–¿Pero comentaron algo entre ustedes? –volví a repreguntar.
–¡Sí! ¡Nos reímos de la ingenuidad de su gobernante!
Me fastidió la soberbia de Guzmán. Pero sin darle a notar mi molestia pasé sutilmente a otro tema. Como que no acusé el golpe. Lamentablemente este implícito reconocimiento de que el país estaba en guerra –al disponerse el ingreso de las Fuerzas Armadas– no estuvo acompañado del soporte legal respectivo ni del organizativo requerido, ni del marco de autonomía suficiente que por lo menos en grado mínimo se requería para poder lograr el objetivo de erradicar el fenómeno terrorista que vivía el país, y lo que es más grave, no hubo una decisión política firme y clara del estadista que demostrase no sólo que el gobierno estaba dispuesto a luchar contra este tipo de violencia, sino contra un proyecto que pretendía liquidar al Estado peruano.
A ello debemos agregar que el haber pasado la red Sendero Luminoso a la total clandestinidad, y actuar en forma encubierta, las labores de los órganos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, se hicieron muy difíciles y riesgosas, a lo que se añadió el casi nulo apoyo político y presupuestario para que su trabajo fuese más eficiente en aras de conocer en profundidad este tipo de conflicto asimétrico.
Tan cierto es esto que el 2 de marzo de 1982, Sendero Luminoso –sin ser detectado por los organismos de seguridad y los servicios de inteligencia– realizó sorpresivamente la más grande operación terrorista emprendida por los planificadores de dicha agrupación al atacar con un comando operativo el penal de Huamanga.
La operación fue por demás exitosa, pues tuvo como resultado la fuga de 304 internos, de los cuales aproximadamente unos setenta eran integrantes de esta red terrorista.
Entre ellos se encontraban dos connotados militantes: Hildebrando Pérez Huarancca y Edith Lagos Sáenz.
Entre tanto, las tropas del Ejército acantonadas en el Cuartel Militar Cabitos, se abstuvieron de intervenir, en razón de que las disposiciones del Reglamento de Servicio en Guarnición no lo permitían.
En consecuencia: debido a las reglas tradicionales se permitió que el asalto dispuesto por la dirección central senderista prosperara sin una adecuada respuesta de las fuerzas del orden. Con la muerte de Edith Lagos y su multitudinario cortejo fúnebre, Sendero Luminoso dejó de tener arraigo popular y se descubrió como un movimiento terrorista y salvaje.
Como es de suponer, este episodio hizo evidente el hecho de que Sendero Luminoso representaba una seria y peligrosa amenaza para el Estado Peruano.
Para ese entonces dicha red terrorista incitaba a la población ayacuchana, mediante volanteo abierto, para que se una a la lucha armada. De este modo iniciaba, paralelamente, una nueva fase de ataques contra efectivos de las fuerzas del orden y comisarías o puestos policiales alejados, a fin de sustraer armamento y munición.
Estos arteros ataques cobraban víctimas entre las autoridades civiles, funcionarios públicos de distintos niveles, creando de este modo una situación de caos, incertidumbre y temor en la población.
Asimismo, se atentaba contra las torres de alta tensión a fin de dejar a oscuras diversas ciudades; la falta de algo de tan vital importancia para las actividades cotidianas como es el fluido eléctrico, producía la sensación de un vacío de poder, de la desaparición de las autoridades y su supuesto control y manejo de estos recursos.
Esto subrayaba, aún más, la nula o escasa presencia del Estado en muchos poblados y caseríos andinos, en tanto anunciaba, por otra parte, la aparición de un nuevo poder, el de Sendero Luminoso.
Al involucrarse a las Fuerzas Armadas en el conflicto, éste adquirió características especiales. Las Fuerzas Armadas fueron rescatando gradualmente las poblaciones localizadas en las denominadas “zonas liberadas” de la Sierra Sur (Ayacucho, Apurímac y Huancavelica), y que habían sido dominadas por la fuerza senderista. Sendero Luminoso por su parte, fue abriendo simultáneamente nuevos “frentes” en casi todo el territorio nacional, a la vez que entró en alianza con los cárteles del narcotráfico –formando coaliciones– instalándose estratégicamente en las zonas cocaleras del Huallaga donde hasta hoy permanecen sus remanentes.
Efectivamente, producido en 1982 el “boom” de la coca, la zona del Alto Huallaga pasa a convertirse en objetivo prioritario tanto para el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA),como para Sendero Luminoso.
A partir de ese año, y luego del fracaso de su aliado “Puka Llacta” para enraizarse, disputándole el espacio al MRTA, Sendero Luminoso opta por desplazar desde Ayacucho a la zona cocalera, una columna fuertemente armada, la que de inmediato impone e implanta prácticas violentas, así como el mismo estilo de trabajo político-militar que tan buenos resultados le estaba dando con el campesinado pobre de la Sierra Sur.
Conforme a ello, desde el inicio encuentra fuerte resistencia, pues los campesinos cocaleros no estaban dispuestos a dejar de cultivar coca, ni ser encuadrados casi militarmente y mucho menos cambiar el disoluto estilo de vida a que estaban acostumbrados. Por estas razones los avances senderistas en esta etapa fueron limitados, mientras que el MRTA avanzaba gradualmente.
A fines de 1983, luego de evaluar los resultados de su trabajo en la zona, Sendero Luminoso cambia radicalmente su estrategia.
De compulsiva pasa a convertirse en protectora de los intereses del campesino cocalero.
Esta nueva estrategia se concreta en los siguientes ejes:
• Se encarga de brindar seguridad para que los campesinos puedan sembrar coca tranquilamente y sin zozobras.
• Se convierte en “intermediario” oficioso entre el campesinado productor y el colombiano acopiador, consiguiendo mejores precios a favor del campesino.
• Expulsa gradualmente y por la violencia, a las Fuerzas Policiales y todo asomo de legalidad oficial dentro de la zona bajo su control.
• Impone reglas de juego fijas para regular las relaciones de Sendero Luminoso con los pobladores.
• Erradica toda forma de corrupción, sancionando ejemplarmente a los infractores de la “justicia” senderista.
• Procede al “encuadramiento” de la población organizándola en comités populares bajo el control y dirección de “comisarios” designados por el Partido.
El resultado de este viraje no se hace esperar y, al poco tiempo, en dura pugna con el MRTA y las fuerzas policiales, Sendero Luminoso prácticamente logra el control de toda la zona cocalera: sus columnas se desplazaban libremente.
¿Qué ganó la red terrorista Sendero Luminoso con su nueva estrategia?:
• Una base social que se expresa en el respaldo casi total de la población de la zona.
• Una base económica, resultante de su negociación con el narcotráfico al formar coaliciones con dichas redes.
• Una base política, en la medida que al imponer su racionalidad y su violencia, desplazó a las autoridades legalmente constituidas.
• Una base militar, desde el momento que sus columnas dominan totalmente el territorio que comprende la zona cocalera.
Así, esta red terrorista no sólo consolida su presencia en una extensa zona del territorio nacional, sino que mediante los enormes recursos económicos obtenidos de su alianza con el narcotráfico,
puede financiar a su organización cada vez más consolidada. De esta forma termina, pues, por imponerse y deja de ser una presencia extraña o invasora y pasa a convertirse en una realidad cotidiana, normal, sólidamente asentada y aceptada; ningún poblador se refiere a los senderistas como terroristas, los llama “cumpas” o “compañeros” y cuando se habla de Sendero Luminoso dicen, respetuosamente, “el Partido”.
Esta situación llegó a extremo tal que en Uchiza, con el nombre de Comité de Desarrollo de Uchiza, se crea un verdadero “gobierno popular”, gobierno que imponía sus normas, aprobaba los programas de estudio en los colegios, otorgaba salvoconductos para entrar o salir de la zona, ejercía justicia, solucionaba conflictos, determinaba el margen de ganancia de los comerciantes y, por último, ejecutaba a los infractores de su “ley”.
A partir de 1983 y en los años siguientes los ataques terroristas ya no se limitaron al campo sino que ampliaron su radio de acción con el objeto de destruir la infraestructura básica de ciudades como Huancavelica, Huancayo, Cerro de Pasco, Huánuco, Andahuaylas, Abancay y Lima.
Así tenemos que, a partir de estas decisiones, comenzaron los ataques a las líneas de alta tensión que dieron lugar a apagones que dejaban ciudades enteras sin fluido eléctrico. Igualmente, en diversas ciudades del interior del país, la red terrorista llevó a cabo paros armados durante los cuales los senderistas tomaban el control de la ciudad, con la consiguiente suspensión del normal desarrollo de las actividades productivas. Como hitos de este período tenemos que, en julio de 1983, una enorme explosión dinamitera destruyó el local principal de Acción Popular, el partido gobernante, ubicado en el Paseo Colón del centro de Lima.
Tras el atentado, casi todos los máximos dirigentes de los partidos políticos se hicieron presentes en este local partidario para expresar sentimientos de solidaridad con Acción Popular y de condolencia por las víctimas que cobró.
Es recién con este suceso lamentable que se toma conciencia plena de la capacidad de Sendero Luminoso para golpear al sistema político, y lógicamente, del peligro real que para éste significaba. A este hecho se sumó otro:
cuando el presidente Belaunde se reunía en Palacio de Gobierno con el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, un extraño ruido alteró la paz en la Plaza de Armas. Un comando operativo de la red había hábilmente burlado las medidas de seguridad y las barras de bloqueo y penetrado en dicha Plaza, corazón de la Capital del Perú, para inaugurar en esa ocasión, que consideraron sumamente propicia, la era de los coche-bomba. El extinto ex presidente argentino fue testigo, de oídas, por así decirlo, del primer coche-bomba que estalló en Lima.
El mensaje, de gran contenido simbólico, era evidente, Sendero Luminoso desafiaba al poder legalmente constituido en sus narices y cuando estaba presente un dignatario extranjero.
La red había alcanzado un objetivo estratégico altamente remunerativo en términos de publicidad. Esta operación producto de la capacidad organizativa y la temeridad de sus planificadores, que habían cumplido de modo riguroso con las cuatro fases de un ataque terrorista, se convertía en una noticia que daba la vuelta al mundo.
Adicionalmente a toda esta situación, la red Sendero Luminoso activó sus demás comités regionales, y así, en un ritmo cada vez mayor se multiplicaron los atentados terroristas en el resto del país, con lo cual la violencia subversiva había hecho –metafóricamente hablando– metástasis.
Durante este período la red terrorista también realizó atentados espectaculares contra connotadas personalidades, como es el caso del ataque al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Domingo García Rada, hecho ocurrido el 24 de abril de 1985, en la víspera de los comicios presidenciales de ese año.
Además, ante la ausencia de una decisión política firme para combatir a la red, y al hecho, por lo mismo, de no haberse definido con claridad los lineamientos estratégicos, el resultado fue que las Fuerzas Armadas tuvieron que extender sus líneas en todo el Perú, generándose problemas y dificultades de orden logístico, organizativo y operacional. Esto constituía una vulnerabilidad y una limitación para las fuerzas del orden, circunstancia que posibilitó que Sendero Luminoso siguiera llevando la iniciativa. El panorama se complica aún más cuando aparece en escena, en 1984, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), otro grupo terrorista, de tendencia castrista, que inició ese año sus acciones armadas.
En síntesis, podemos señalar que durante el período 1980-1985, el presidente Belaunde, bajo el criterio erróneo que existía un hilo conductor y un nexo causal entre la participación de las fuerzas armadas contra el movimiento guerrillero de Mesa Pelada y Púcuta de finales de 1965 e inicios de 1966, con los hechos del 3 de octubre de 1968, es decir su derrocamiento a manos de los militares, se resistió a dar su aprobación para la implementación de cualquier campaña militar antiterrorista. Paranoicamente veía en ello un retorno de los militares al poder.
Para colmo de males no existía tampoco ningún estudio sobre la naturaleza de la guerra asimétrica que venía desarrollando la red terrorista Sendero Luminoso contra el Estado peruano, hecho que dificultó la misión de la Fuerza Armada, pues no había propósitos estratégicos definidos por el estadista dando lugar a que la acción militar no tenga objetivos políticos que cumplir. Ese temor presidencial, esa imprevisión e improvisación demostradas indubitablemente explican el avance arrollador de Sendero Luminoso durante ese quinquenio.
En el campo militar los señores comandantes generales que estuvieron al frente del Ejército Peruano durante aquella época, fueron los que a continuación se indica:
•• Gral. Div. EP Pedro Ritcher Prada
•• Gral. Div. EP Rafael Hoyos Rubio (fallecido)
•• Gral. Div. EP Otto Eléspuru Revoredo
•• Gral. Div. EP Francisco Miranda Vargas
•• Gral. Div. EP Arnaldo Briceño Zevallos
•• Gral. Div. EP Julián Julia Freyre
•• Gral. Div. EP Francisco Maury López
•• Gral. Div. EP Germán Ruiz Figueroa
Ellos al haber sido formados en un esquema estratégico de bipolaridad, bajo los lineamientos del Sistema Militar Interamericano regulado y garantizado por el TIAR, instrumento que fue suscrito en Río de Janeiro en 1947 y que tuvo su razón de ser en los años inciertos de la guerra fría entre los dos ejes del poder mundial, pero que carecía de justificación para imponer que América Latina se asocie inflexiblemente a uno de ellos en virtud de una hipotética amenaza extracontinental, tampoco entendieron la naturaleza de este tipo de conflictos promovido por actores no estatales internos.
Por tanto, los señores comandantes generales que estuvieron al frente del Ejército Peruano hicieron una errónea apreciación de la situación al considerar el problema como un clásico brote guerrillero focalizado e inserto en la estrategia del movimiento comunista internacional –similar a la de la década de los 60– que se podía erradicar en muy poco tiempo.
En ese contexto de error de percepción, aunado a una concepción doctrinaria anacrónica, diseñaron su política de comando institucional, la misma que los llevaba al empleo de fuerzas regulares organizadas operativamente para guerras simétricas, es decir las que se dan entre Estados y en que se confrontan los potenciales militares. Esta política, y la estructura organizacional que supuso su aplicación, resultó –como era previsible– totalmente ineficaz contra redes terroristas asimétricas que operan más allá de cualquier regla establecida.
Estas redes supieron, hábilmente, sacar ventaja de esta limitación que a la postre se convirtió en una vulnerabilidad en el empleo del Ejército bajo principios doctrinarios que debían formar parte de la historia militar y no constituir la doctrina vigente.
Finalmente, el día 5 de junio de 1985, a sólo 52 días del fin de su mandato, el presidente Belaunde promulgó la Ley Nº 24150 que norma las funciones del Comando Político-Militar en zonas declaradas en estado de emergencia y así pasó su gobierno sin poder detener el avance de las redes terroristas en su confrontación contra el Estado peruano, el que se mantuvo inerme por la falta de decisión política y de una comprensión adecuada del concepto de guerra asimétrica.
Las Fuerzas Policiales fueron desbordadas por una cruda realidad por ello, Fernando Belaúnde se vio obligado a declarar el estado de emergencia en Ayacucho y disponer la instalación de un Comando Político Militar con sede en Huamanga-Ayacucho y a su vez ordenar el 30 de diciembre de 1982, el ingreso de las Fuerzas Armadas para el control de la zona de Ayacucho, asignándose la misión al general de brigada E.P. Roberto Clemente Noel Moral.
Por:Vladimiro Montesinos Torres
Fuente: SIN Sendero
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