7 de enero del 2024
El 2024 es un año crucial para la supervivencia del régimen de Maduro o el retorno de la democracia. Elecciones presidenciales, conflicto con Guyana, derechos humanos y tratamiento de la migración son los temas principales de la agenda.
El 2023 en Venezuela
El año 2023 en Venezuela estuvo marcado por la complejidad y la contradicción, reflejando la ya arraigada paradoja de un país donde lo extraordinario es lo ordinario.
Maduro, aferrado al poder mediante la represión selectiva, ajustó su postura a las presiones sociales, mostrando benevolencia en momentos de debilidad y firmeza cuando la oposición intentaba ganar algún espacio.
Por eso el presidente se acercó a la población a través de redes sociales como TikTok y su programa televisivo «Con Maduro +». También por eso mantuvo una imagen tradicional de liderazgo nacionalista, especialmente en temas sensibles como el conflicto con Guyana.
Aunque ganó terreno internacional, al aprovechar grietas en la política global, la población venezolana enfrenta más y más dificultades en su vida cotidiana. Las imágenes lujosas de Caracas contradicen la crisis exacerbada por la falta de programas sociales eficaces en 2023, tal como lo señala Monitor DESCAVE.
Las inhabilitaciones políticas, convertidas en un arma para acallar las voces opositoras, imponen una elección entre la privación de la libertad o el exilio.
A pesar del alivio de sanciones al sector petrolero en octubre del año pasado, la dolarización persiste y desafía el discurso oficialista. La inflación, aunque ha disminuido, sigue siendo muy alta y la economía muestra estancamiento, sin mejoras sustanciales. Se agravan las crisis en servicios públicos, especialmente eléctricos y de combustible.
Aunque Maduro ganó terreno político con la liberación de Álex Saab antes del cierre del año, anticipar el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela para el 2024 es una tarea difícil. El panorama político interno suele cambiar de un momento a otro, aunque en la mayoría de los casos el oficialismo mantiene su ventaja. No obstante, en estas líneas, me aventuro a destacar cuatro temas que podrían dominar la agenda del país en este nuevo año.
Foto: Diosdado Cabello - Diosdado Cabello ha cuestionado el financiamiento de las ONG y las ha acusado de desestabilizar el régimen de Maduro.
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Elecciones presidenciales
El foco central estará en las eventuales elecciones presidenciales del 2024, que podrían o no conducir a la salida democrática de la severa crisis política que atraviesa ese país.
La promesa de elecciones en el segundo semestre del año, sin fecha definida, se presenta como un escenario tenso y desafiante.
Las inhabilitaciones políticas, convertidas en un arma para acallar las voces opositoras, imponen una elección entre la privación de la libertad o el exilio. Para que las elecciones sean viables, sería necesario cumplir al menos dos condiciones iniciales: la confiabilidad del Consejo Nacional Electoral y la resolución de las inhabilitaciones políticas, un punto que, según las declaraciones recientes de Diosdado Cabello, no está en discusión.
A pesar de la afirmación de Nicolás Maduro a finales del 2023 sobre la celebración de elecciones «con sanciones o sin sanciones», no sería sorprendente que, bajo el pretexto de amenazas a la soberanía nacional derivadas de las tensiones con Guyana, se argumente la necesidad de posponerlas.
Además, su declaración sobre la duda de si será o no el candidato oficialista no debería ser el centro de la discusión: aunque podría indicar fracturas dentro del PSUV, también podría ser un simple distractor.
Por eso la líder opositora María Corina Machado ha levantado la voz contra las posibles intenciones del régimen de apartarse de la ruta electoral, utilizando la escalada bélica con Guyana como excusa. Su denuncia ante el Parlamento Europeo destaca la urgencia de la atención internacional y la presión para que el gobierno cumpla los acuerdos.
A pesar de los cambios significativos de la comunidad internacional, que ha cedido más allá de las expectativas del mismo régimen, y la instrumentalización de las negociaciones con la oposición, no se ha logrado un avance sustancial por parte del oficialismo.
En este contexto, la incertidumbre persiste, planteando la interrogante sobre la realización efectiva de elecciones presidenciales en este año, siendo la competitividad una cuestión adicional en el horizonte.
Una disputa territorial útil y justificada
En este orden de ideas, el conflicto territorial con Guyana adquiere una dimensión preocupante. Ejercicios militares y la presencia de un buque británico cerca de aguas guyanesas intensifican la crisis. Maduro habla de «turbulencia» en la relación, reflejada en un significativo aumento del presupuesto para la defensa del Esequibo.
La decisión de Maduro de incluir formalmente la defensa de la Guayana Esequiba en el presupuesto de 2024 denota el papel protagónico del tema en la agenda oficialista. La creación de un nuevo Estado en este territorio disputado, con un general designado como autoridad provisional, subraya la determinación de Venezuela.
Además, las medidas para prohibir concesiones petroleras otorgadas por Guyana y la advertencia a las empresas que operan en la zona señalan un enfoque más agresivo.
Mientras Guyana busca el respaldo de países amigos, Venezuela afirma estar preparada para una «acción defensiva». En medio de este complejo escenario, el riesgo de escalada persiste.
El Esequibo, lejos de ser solo un conflicto territorial, se convierte en un punto de no retorno que podría ser un problema importante para la región y la excusa perfecta para que el régimen de Maduro pueda justificar el incumplimiento de acuerdos internacionales y de promesas internas de avances políticos.
Adicionalmente, aunque la sociedad venezolana reconoce el fraude en los resultados presentados del referendo consultivo y critica con temor las acciones emprendidas, esta disputa territorial toca fibras históricas nacionales, algo que conoce muy bien el régimen, por lo que le resulta de gran utilidad la reactivación de un enemigo externo.
Derechos Humanos y cierre del espacio de la sociedad civil
La situación de los derechos humanos en Venezuela es crítica, abarcando desde las condiciones de vida precarias hasta la constante violación de libertades y derechos políticos.
Aunque se han dado algunos gestos instrumentalizados, como la excarcelación de ciertas personas, el Foro Penal informa que más de 250 individuos permanecen detenidos de manera arbitraria por motivos políticos.
A pesar del constante estrechamiento del espacio cívico, el año 2023 marcó un hito significativo en la visibilización de graves violaciones de derechos humanos. La Misión Independiente de Naciones Unidas destacó el ataque al espacio cívico venezolano y la evolución del sistema represivo estatal.
Además, el informe de la Oficina de Defensoría Pública de las Víctimas de la Corte Penal Internacional recopiló más de 1.875 solicitudes con alrededor de 8.900 víctimas, evidenciando la falta de confianza en el sistema de justicia nacional.
La apertura de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas en 2024 es una iniciativa clave. Aunque su enfoque no es la investigación directa, sino el asesoramiento, se centra en mejorar la cooperación con las autoridades nacionales, respaldar la evolución legislativa y fomentar el intercambio de conocimientos.
Por otro lado, la audiencia en la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional sobre el recurso de apelación de Venezuela contra la decisión de reanudar la investigación es crucial, y se espera una decisión en 2024.
Una gran preocupación es la amenaza pública de Diosdado Cabello, quien anunció la consulta pública nacional de la Ley de Financiamiento a las ONG en Venezuela, tras la aprobación de la Ley de Defensa de la Guayana Esequiba.
Durante la transmisión de su programa «Con el mazo dando», advirtió a las ONG sobre esta legislación que controlará el financiamiento y funcionamiento de estas organizaciones, acusándolas de desestabilizar el régimen de Maduro y cuestionando su financiamiento.
Este no es un tema secundario, es el epicentro de la discusión. Sin las consideraciones necesarias sobre el espacio de la sociedad civil y la protección de los derechos humanos, es imposible prever una mejora en las condiciones de vida y en las garantías democráticas del país.
El dilema del reconocimiento de la migración
La migración sigue siendo un tema central en relación con Venezuela. Aunque el régimen enfrenta dificultades para gestionar este fenómeno, ya no puede negar la magnitud de la migración en los últimos años. Sin embargo, se muestra renuente a admitir plenamente la crisis persistente y estructural que esto implica.
Incluso con acuerdos recientes con aliados como México para deportaciones masivas, el régimen intenta enmascarar las cifras, registrándolas falsamente en el Plan Vuelta a la Patria. Pese a la reapertura de sedes consulares, estas no satisfacen adecuadamente las necesidades de una población que requiere protección especial, enfrentando costos exorbitantes y limitaciones en los trámites.
La migración masiva, en algún momento conveniente para el régimen, alivió presiones internas, tanto políticas como en demanda de servicios públicos. Sin embargo, de cara a un posible escenario electoral, un retorno considerable de la población migrante no resulta conveniente para el mismo régimen.
En los últimos años, Latinoamérica ha experimentado cambios significativos en su enfoque hacia la gobernanza migratoria, especialmente en relación con la migración desde Venezuela.
Inicialmente, varios gobiernos adoptaron posturas abiertas y solidarias, ofreciendo formas de regularización y asistencia. No obstante, a medida que creció el flujo y las presiones económicas y sociales se intensificaron, se observó un cambio hacia políticas más restrictivas.
La proximidad de algunos países al gobierno de Maduro marcó un giro hacia la securitización de los flujos migratorios, el retorno forzado y la minimización de la crisis en Venezuela. Esta alineación política influye en cómo se interpreta la situación y se aborda la migración venezolana en la región.
La negación de la crisis por parte de gobiernos afines a Maduro se traduce en prácticas que subestiman las causas de la migración, socavando el derecho de estas personas a buscar refugio, seguridad y dignidad.
Aunque ganó terreno internacional, al aprovechar grietas en la política global, la población venezolana enfrenta más y más dificultades en su vida cotidiana. Las imágenes lujosas de Caracas contradicen la crisis exacerbada por la falta de programas sociales eficaces en 2023
La presión política para impulsar el retorno de los migrantes, en lugar de abordar las causas de la crisis, amenaza directamente la integridad de quienes regresan, exponiéndolos a condiciones adversas y riesgos de persecución.
A modo de ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública panameño informó que, durante el 2023, al menos 328.667 migrantes venezolanos cruzaron la peligrosa selva del Darién. De ellos, 120.000 eran menores de edad, sin profundizar aquí en las crecientes redes de tráfico y trata de personas.
El mantenimiento del régimen
Estos cuatro temas cruciales para Venezuela durante el año 2024 convergen en un punto: el mantenimiento del régimen de Nicolás Maduro en el poder.
La incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales, el conflicto territorial con Guyana, la situación de los derechos humanos y el cierre del espacio de la sociedad civil, así como el cambio en el tratamiento de la migración, son temas que comparten un denominador común, el interés de asegurar la continuidad en el poder.
Estos aspectos no solo reflejan desafíos específicos para el país, sino que también delinean una estrategia que prioriza la supervivencia política sobre la resolución de problemas urgentes.
Por Nastassja Rojas
Fuente: razonpublica
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