Fue un escuadrón de la muerte que operó durante el gobierno de Alan García (1985-1990), vinculado a una serie de ejecuciones extrajudiciales y amenazas. Su nombre proviene de Rodrigo Franco, un destacado abogado aprista asesinado en 1987.
Este grupo surgió con el objetivo de eliminar sospechosos de terrorismo, especialmente aquellos asociados a organizaciones como Sendero Luminoso y el MRTA, aunque su accionar fue fuertemente criticado por violar derechos humanos y realizar ejecuciones sin proceso judicial.
El Comando Rodrigo Franco es señalado por su participación en varios crímenes notables:
Asesinato de Saúl Cantoral y Consuelo García (1989):
Cantoral era un líder sindical minero y junto con García, otra sindicalista, fueron secuestrados y ejecutados en un crimen que generó gran conmoción. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) los incluyó como víctimas de este comando paramilitar.
Atentado frustrado contra el Diario Marka (1988):
Este diario, de corte izquierdista, fue blanco de un ataque que no se concretó, aunque se atribuyó a miembros del Comando.
Asesinato de Manuel Febres Flores (1988):
Febres Flores, abogado defensor de militantes de Sendero Luminoso, fue otra víctima de este grupo, lo que generó fuertes críticas sobre el uso del poder del Estado para realizar asesinatos selectivos.
Nota:
Este grupo estuvo presuntamente dirigido por Agustín Mantilla, entonces Ministro del Interior, quien utilizaba la infraestructura del ministerio para apoyar las operaciones del comando. Aunque por mucho tiempo los delitos del Comando Rodrigo Franco permanecieron impunes, en el 2005 se reabrieron las investigaciones, y en 2013 se inició un juicio contra Mantilla y otros miembros involucrados(
El proceso judicial fue largo y lleno de irregularidades, con momentos donde el caso parecía cerrarse debido a sentencias de prescripción, pero continuó avanzando gracias a la insistencia de la fiscalía y grupos de derechos humanos.
La muerte de Mantilla en 2015 complicó el proceso, aunque las acusaciones continuaron en su ausencia.
Este caso es un ejemplo del difícil proceso de justicia transicional en el Perú, en el que se intentó hacer frente a las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por grupos terroristas como por el Estado en la lucha contra el terrorismo.
Por: pegaso125
Fuente: RPP Noticias
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