27/11/2024
Situación crítica. Seguimientos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ponen en evidencia que flujo de recursos ya supera ampliamente a los vinculados a la corrupción y el tráfico de drogas. Especialistas advierten que medidas permisivas del Estado facilitó el descontrol.
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revelado cifras alarmantes sobre el impacto de la minería ilegal en Perú. Según los datos, esta actividad mueve más de US$10,400 millones, una cifra que supera significativamente el flujo de recursos provenientes de la corrupción y el tráfico de drogas en el país. Este hallazgo pone en evidencia la magnitud de un sector que opera al margen de la ley, con serias implicaciones para la economía y la gobernanza del país.
Situación crítica
La minería ilegal en Perú ha crecido a tal nivel que su influencia económica es más importante que otras actividades ilícitas tradicionales.
A pesar de las advertencias, las autoridades han sido acusadas de ser permisivas, lo que ha facilitado el descontrol en la regulación de este sector.
La falta de control efectivo ha permitido que la minería ilegal siga creciendo, a menudo asociada con la destrucción del medio ambiente, el trabajo infantil y la explotación laboral en condiciones precarias.
Flujo de recursos y su impacto
El informe de la UIF sugiere que los recursos generados por la minería ilegal no solo son utilizados en actividades económicas paralelas, sino que también pueden ser canalizados a través de mecanismos financieros ilegales, como el lavado de dinero. Esto hace que el impacto económico y social sea aún más difícil de medir y controlar.
Además, los especialistas advierten que el descontrol sobre este sector está vinculado a la falta de medidas preventivas y de acción efectiva por parte del Estado. La minería ilegal no solo representa un desafío para la economía formal, sino que también se conecta con otras actividades delictivas, exacerbando la violencia y la inestabilidad en las regiones afectadas.
Medidas y soluciones
Para contrarrestar este fenómeno, los especialistas proponen un enfoque más estricto y coordinado entre las autoridades locales, el gobierno central y las instituciones encargadas de la supervisión económica y medioambiental. También se sugiere una mayor inversión en la formalización de la minería y un esfuerzo por regularizar el sector, además de crear alternativas económicas sostenibles para las comunidades involucradas en la minería ilegal.
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